Una catástrofe llamada Garrido Lecca
La agonía de COFOPRI
Todo empezó con una fusión tramposa con el PETT agrario
¿Principio de especialidad?
¿Por qué aquel multifacético personaje, en su calidad de ministro de Vivienda, impulsó y promulgó, un 21 de febrero del 2007, el Decreto Supremo N° 005-2007-Vivienda, por el que Cofopri fagocita al Pett “bajo la modalidad por absorción” y por “criterios de especialidad”? Vayamos por partes y cucharadas. Es inconcebible que, bajo el supuesto principio de especialidad, el saneamiento de la propiedad de la tierra, íntimamente ligada a la actividad agropecuaria, y por ende al Ministerio de Agricultura, termine en Vivienda y Construcción que ha sido y es básicamente de naturaleza urbana.
¿Por qué Vivienda?
Se puede afirmar que es filosofía del nuevo Alan García la promoción de la inversión en anticuados terrenos comunales, privilegiando una titulación individual. O pretender explicar el entuerto a partir de los Decretos Legislativos pro TLC, entre otros, el DL Nº 1089, en cuyo primer artículo se ordena declarar de interés público la formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. ¿Pero por qué Vivienda?
El nuevo credo alanista y el paquete pro-TLC por sí solos no explican el zafarrancho creado por el D.S. 005-2007-Vivienda. Un veterano servidor de Cofopri, quien solicitó el anonimato, nos confirmó que Garrido Lecca tenía agenda propia en la firma presurosa de este decreto: “Fue por adjudicarse alrededor de 300 has. de tierras en la irrigación Santa Rosa de Sayán, ubicada en la provincia de Huaura, región Lima”, dijo.
En su chacra…
Como no podía lograrlo por la vía del Pett, decidió usar su propia chacra, que era el Ministerio de Vivienda, asumiendo los destinos del Pett vía Cofopri. Aunque ni con esas artimañas ganó la adjudicación porque fue pillado y puesto al descubierto por el perjudicado de su pillería, quien también solicitó el anonimato. Después Garrido Lecca dicen que prefirió trasladarse al Ministerio de Salud porque ahí los negocios de hospitales y sanatorios se presentaban más prometedores con el empresario dominicano Fortunato Canaan hasta que, implicado en uno de los audios, tuvo que renunciar.
Hace de “portátil”
No olvidemos que Cofopri había ganado un sólido prestigio en el ámbito urbano. Pero también es cierto que no estaba capacitado para asumir funciones de titulación rural, más aún cuando se llenó de compañeros apristas y allegados, en una suerte de clientelaje que, como todo copamiento político, arrastra gente inexperta y sin solvencia técnica. Es más, Cofopri fue usado cada vez que Palacio de Gobierno necesitaba de una “portátil” que dé vivas y hurras a algún anuncio presidencial.
Paralización de expedientes
COFOPRI estaba llamada a ser altamente calificada, incluido en el tema agrario que absorbía, que es toda una especialidad que poco o nada sabían sus nuevos funcionarios. Eso provocó la paralización de expedientes. “Una de las consecuencias de la inercia de Cofopri es el retardo de miles de expedientes que estuvieron arrumados en sus oficinas y que ahora han sido pésimamente trasferidos a las regiones después del escándalo de la venta de tierras en Chilca”. (Ver recuadro) Cierto, como veremos líneas abajo.
Pérdida o sustracción
No vamos a detenernos en la corrupción que corroe Cofopri, que muchos inescrupulosos lo han convertido en un insoportable aparato burocrático de trabas y una mecedora crónica de campesinos pobres. Para que se convenza la prensa adulona, pueden preguntar a don Leoncio Patricio Giraldo, presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores de Pativilca, Pampa Literas, cómo es que se ha “perdido” su voluminoso expediente, cómo es que manos oscuras lo han sustraído y desaparecido.
Conclusión de la catástrofe
La catástrofe “Garrido Lecca” concluye con la R.M 0811-2009-AG, de fines del 2009, producto del escándalo de tierras de Chilca, que determina la transferencia de funciones y procedimientos a las regiones, como el levantamiento de reserva de dominio, la evaluación de contratos de otorgamiento de tierras, la solución de los expedientes acogidos al D.S.026-03-AG (de pequeña y mediana agricultura); los referidos a la R.M. Nº 518-97-AG, sobre verificación de terrenos eriazos de libre disponibilidad; reversión de tierras en favor del Estado y otros relacionados a comunidades campesinas.
Balcanización
Esta transferencia demagógica ya ha balcanizado a Cofopri. Podemos afirmar que ningún experto en temas de formalización urbana o rural, en particular los ligados a los organismos financieros y a la cooperación internacional, como Hernando de Soto o Enrique Ghersi, puede estar de acuerdo con esta medida, sino tal vez con fijar un plazo preciso de vida de Cofopri hasta que concluya su misión y luego se evalúe, por ejemplo, su eventual integración a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos o crear un ente especializado en el trabajo de catastro.
Cálculos fallidos
Pero no. Se ha preferido el viejo rumbo de la demagogia, olvidando que Cofopri o el Pett han sido experiencias estudiadas por el Banco Mundial, el BID o la FAO. Así lo reconocen tirios y troyanos. “Bien manejadas pueden y deben dar resultados (…) ¿No se dan cuenta que el problema no son los procedimientos establecidos sino las personas que lo conducen?”, ha escrito en su blog Juan Sheput, dirigente de Perú Posible. Como si entregando Cofopri a las regiones se pondría freno a las algaradas y protestas que en forma recurrente vienen del interior. Cálculos fallidos y desmentidos por la realidad.
Los vacíos de le ley
Pero lo más grave es que esa transferencia, cuya madrastra es la Resolución Ministerial Nº 0811-2009-AG, es un fiasco. Para muestra un botón: Esta ley transfiere el acervo documentario, más no así la información gráfica, planos y padrones que se han quedado celosamente guardados en Lima. “Es un vacío de la norma”, nos dice la fuente. Para no ir lejos, recuerda, que los funcionarios de la región Lima, cuyo gobierno regional tiene a Huacho por sede, han solicitado los planos y gráficos, pero en Cofopri - Lima no quieren entregarlos, arguyendo que eso no está en la ley de transferencia. ¡Puagggg! Lo peor es que estos capitanes Paiva tienen razón. No está pues en la ley.
Cofopri rural paralizado
¿Quién ha asesorado este fiasco? Para darnos cuenta de tan descabelladas medidas, informamos que en la actualidad, por mil razones, está paralizado Cofopri rural, que funcionaba en la cuadra ocho del jirón Cahuide de Jesús María, amén de que el edificio que lo albergaba ha sido declarado de “alto riesgo” por Defensa Civil que dio plazo hasta el pasado mes de julio para desalojarlo. La única oficina que trabaja en este Cofopri es la Mesa de Partes y la venta de planos. Todo lo demás está paralizado.
Los despidos
Esta inercia no es nueva. Ya en agosto del 2008 ocurrían problemas presupuestales, sobre todo en materia de pagos de sueldos y salarios. En ese entonces, fines de agosto, el MEF les cortó parte de su presupuesto porque en Cofopri hacían alarde publicitario de haber cumplido y/o sobrepasado sus metas de titulación de predios, seguramente urbanos. Es cuando se informó al personal que sólo iban a pagar el 50%, y el resto en la primera semana de setiembre. En tales circunstancias se recurrió a los descansos forzados por unos 15 días. En paralelo se vinieron los despidos de unos 1000 servidores.
Paralización total
La drástica reducción del personal agravó la imposibilidad de una atención de un número creciente de expedientes que día a día se seguían acumulando. Los problemas recrudecieron el 10 de octubre de ese año, dejando básicamente a los jefes y personal de confianza. La paralización era pues total. En tales circunstancias el público usuario simplemente era mecido. Para octubre del 2010 ya nada se podía ocultar. Cofopri rural estaba cerrado por falta de personal y presupuesto, no obstante que en marzo del mismo año se tomó nuevo personal que trabajó solo hasta junio.
Nueva razzia
Y en julio pasado estalló el escándalo por la venta dolosa de terrenos de Chilca, motivando una nueva razzia que alcanzó a la cabeza de entonces, Omar Quesada, amén de la salida de alrededor de 800 funcionarios y trabajadores, motivando la precitada R.M. 0811-2009-AG de transferencia de Cofopri a las regiones. Antes el MEF le propinó una nueva reducción presupuestal.
A río revuelto…
Además, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) exigió la disolución de Cofopri y la restitución de sus competencias y recursos a los municipios. “Se debería presentar un proyecto de ley con el cual se derogue la creación de Cofopri”, sostuvo César Acuña, presidente del citado organismo edil. A río revuelto, ganancia de Acuñas.
“Oficina descentralizada”
Por los desatinos y la balcanización ahora Cofopri es una curiosa “oficina descentralizada”. Tanto que su mesa de partes y la venta de planos están en el distrito del Rímac. La oficina de catastro y parte de FOR (formalización rural) se ubican en Jesús María. En La Molina trabaja personal del área legal y otros, mientras que la Dirección Ejecutiva
Mal estructural
Presentado el problema en esta perspectiva, alguien tiene que enderezar este caos politizado. No bastó poner un experto de primer nivel como el anterior director ejecutivo, Alvaro Delgado Schelje, quien ha pasado al más alto cargo de SUNARP. ¿Qué podía hacer Delgado en esa realidad caótica que se ha hecho estructural? ¿Que hará la nueva directora Carmen Beltrán? A ver si el Instituto Libertad y Democracia nos ilustra con una salida a la transferencia demagógica y facilista, y le insufla un nuevo aire de vitalidad a Cofopri para que concluya la misión que se le encomendó al ser creada el año 1996. Recemos para que la agonía de Cofopri no termine en colapso y muerte.
Escándalo de Chilca
Según IDL reporteros, que destapó el escándalo de Chilca, Cofopri le vendió a Oswaldo Chauca Navarro –presunto traficante de tierras y ex diputado aprista entre los años 1990 y 1992– una playa de 300 mil metros cuadrados al sur de Lima, por 4,908 soles (1,728 dólares) que después se comercializaba en lotes por 12 millones de dólares. 
Ubicado en Según otro reporte, informada del hecho, la SBN le dirigió al titular de Cofopri, Omar Quesada, “los oficios 8866 (en agosto), 10446 (en setiembre) y 13688 (en diciembre) para advertirle que: 1) el terreno de 840 mil metros cuadrados no estaba habilitado para fines agropecuarios; 2) la entidad estaba evaluando transferir la propiedad a terceros, que se habían mostrado interesados en comprarla, a precio de mercado; y 3) había iniciado una acción judicial para desalojar a una persona que la había ocupado ilegalmente”.
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